Establecer nexos entre violencia y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en un país como El Salvador es un camino que, casi siempre, termina por llevarnos a las maras. Estos grupos, uno de los principales actores de tal violencia, las utilizan con diferentes fines: los principales son la información, la comunicación interna y la organización; aunque las autoridades también registran, en menor medida, que han sido usadas como el medio directo a través del cual ejecutan algunos delitos.
Si bien no existen datos precisos sobre la utilización de tales tecnologías entre los pandilleros salvadoreños, instituciones fiscales y policiales sí tienen evidencias que demuestran el importante papel que juegan en su funcionamiento y proyección. Cabe recordar que las autoridades estiman la existencia de unos 60 mil mareros en el país, más una extensa red de colaboradores conformada, muchas veces, por sus familiares.
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador, por ejemplo, tiene claro el uso logístico e informativo que tales agrupaciones le dan a estas tecnologías. “Cada uno de los miembros de algunas pandillas tienen perfiles individuales, pero también en el tema de comunicación tienen grupos de chat. Estamos hablando de WhatsApp y Messenger y su función es facilitar dos vías: para mantenerse actualizados en noticias y para mantener comunicación”, explica Guadalupe Chavarría, jefa fiscal de la Unidad Antipandillas de la FGR.
Esa información es confirmada por periodistas de medios especializados en la cobertura de violencia en el país. Carlos Martínez, del periódico digital El Faro, coincide en que los pandilleros “se comunican por WhatsApp. Es un canal recurrente de comunicación con los que están en las cárceles y fuera; o de los que están en El Salvador y en otros países”. Es importante recordar que el tráfico de teléfonos hacia el interior de las prisiones ha continuado, a pesar del aumento de las pesquisas y el endurecimiento de las medidas penitenciarias.
A lo anterior hay que sumar algunos videos musicales –principalmente del género rap– que son producidos por miembros de maras con inclinación artística. En ellos narran sus hazañas y lanzan ataques verbales contra sus enemigos. Estos se pueden encontrar con facilidad en la plataforma de internet YouTube. También hay páginas de Facebook que cumplen una función similar.
No es delito crear una cuenta o fanpage, pero sí difundir mensajes que atentan contra la paz pública, luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara a las maras agrupaciones terroristas en 2015. “Podría ser una especie de apología del delito porque estás enalteciendo una organización terrorista”, explica Wilfredo Hernández, juez del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla.
Además, diferentes reportajes periodísticos han consignado cómo los teléfonos celulares, por ejemplo, resultan útiles como un medio para que los líderes de maras brinden indicaciones a los subalternos sobre la ejecución de delitos, sobre todo para extorsiones o planificación de asesinatos. Igual pasa con algunas aplicaciones, como WhatsApp, entre otras.
En otros casos, sin embargo, no se trata de un mero medio de comunicación, si no del método en sí mismo para ejercer violencia, muchas veces, psicológica. Esta modalidad, sin embargo, ha mutado. “Hace como unos cuatro o tres años atrás aproximadamente, fue como una forma de extorsión (…). No es que lo utilizaban como medio para extorsionar, sino que lo que hacían era extraer (datos)”, sostiene Alfredo Quijano, jefe de la unidad Antiextorsiones de la FGR. De acuerdo a la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, entre 2010 y 2018 se han recibido 49 denuncias de extorsión a nivel nacional cometidas por pandilleros, utilizando herramientas como correo electrónico, Facebook y la misma WhatsApp.
No obstante, en la actualidad y de acuerdo a las fuentes consultadas, las pandillas prefieren no dejar rastro en redes sociales para extorsionar. Además, utilizan algunos medios electrónicos bancarios de transferencia de fondos para que las víctimas realicen el pago, como Tigo Money, por ejemplo. La FGR reconoce que fue difícil investigar estos casos porque no había documentación sobre la persona que recibía el dinero. Sin embargo, la Fiscalía solicitó colaboración por parte de la empresa y a partir de 2017 la modalidad ha tendido a disminuir.
En efecto, Karla Rivas, encargada de relaciones públicas de Tigo El Salvador, aclaró que los casos son pocos y que como empresa privada están en total disposición de ayudar a las autoridades. “La cantidad de transacciones en las que se solicita información por parte de la FGR es menor al 0.0009% del total de transacciones que se realizan en el mes, sin embargo, a la fecha, Mobile Cash continúa reforzando sus controles e intensificando la colaboración con la FGR para que ese porcentaje continúe disminuyendo”, señala.
Finalmente, destaca cómo el tema aún no está del todo en el radar de las autoridades. Por ejemplo, al solicitar a la CSJ datos sobre judicialización de casos de violencia en las que las TIC hayan sido relevantes, la respuesta fue: “No se cuenta con la información requerida, en razón que dentro del sistema de seguimiento de expediente no se registra que los delitos sean cometidos mediante los aplicativos digitales”. Se trata, en efecto, de una muestra de que, contrario al crecimiento de dispositivos y de la conexión a internet en El Salvador, su impacto en la ejecución de delitos no es aún una prioridad que amerite llevar registro estadístico.
También supuestos policías
Al otro lado de la acera, por su parte, grupos y personas que se auto identifican como afiliadas a la PNC también han utilizado las redes sociales como método de difusión de información –no siempre cierta– y de reforzamiento de mensajes contra pandilleros.
En los últimos años, cuentas anónimas, pero con simbología policial, publican fotos de pandilleros asesinados y se ufanan de que estos cayeron víctimas de operativos policiales o militares. Otras veces lanzan amenazas a los integrantes de maras, alertándolos sobre su posible futuro. Y otras más, también amedrentan a personas que no respalden o que cuestionen ese tipo de acciones, principalmente periodistas críticos de la forma en que trabajan los grupos clandestinos de exterminio.
Por ejemplo, en diciembre de 2017, un fotoperiodista que entonces laboraba para La Prensa Gráfica denunció ser víctima de amedrentamiento, tras ser acusado por la hoy inactiva página de Facebook “Fuerza Policiales El Salvador” de supuestamente haber fotografiado a un grupo de agentes y haber entregado las imágenes a pandilleros. Algo parecido pasó con la cuenta de Twitter “DefensorAzulSV” (también ya inexistente). Su administrador escribió: “Los tengo que ver como Christian Poveda @RevistaFactum @_ElFARO_ muertos en mano de sus protegidos”. Poveda fue un documentalista franco-español que fue asesinado por miembros de maras en un municipio al norte de San Salvador.
No se trata de amedrentamiento institucionalizado, pues las amenazas no se realizan desde cuentas oficiales. Sin embargo, sí han sido manifestaciones minimizadas por los altos mandos e, incluso, toleradas, como han narrado editoriales de medios como El Faro y Factum.
Los jóvenes, usuarios frecuentes de estas redes sociales, confirman que perciben este tipo de comentarios que incitan a la violencia. Salomón Rudamas, de 22 años de edad, así lo ha detectado: “Es bastante frecuente leer en notas rojas comentarios de gente que incitan a la violencia. Incluso en discusiones políticas en redes sociales siempre salen ese tipo de comentarios”.
Más allá de las pandillas
No todos los caminos, como se apuntaba al inicio, llevan a las maras. Como plantea Roxana Lazo, de 24 años y fundadora de la organización Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA), las redes sociales “son uno de los medios donde más bullying hay”, en especial contra los jóvenes. “Es mucho más fácil que te agredan en redes sociales, que físicamente”, sostiene.
Muchos delitos relacionados a la libertad sexual también se valen de algunas TIC como herramientas. Entre 2017 y junio de 2018, la Unidad Antiextorsiones de la FGR ha conocido ocho casos en las cuales hombres han sido seducidos en redes sociales por una mujer que en realidad no existe, esto con el fin de extorsionarlos. Esta acción se enmarca dentro de la violencia psicológica. Las principales víctimas son hombres entre 30 y 40 años de clases media alta, de acuerdo al fiscal Quijano.
Tras seducirlo, la persona que está detrás del perfil falso solicita fotos íntimas a la víctima. Esta acepta, y cuando ya tiene suficiente material multimedia le comunica que debe cancelar cierta cantidad de dinero a cambio de que sus amigos o familiares vean las fotografías. “El dinero lo piden en bancos que ni siquiera son de aquí. Son bancos de Brasil, Filipinas, entonces son bancos extranjeros. Y lo que la persona teme es que se revelen las imágenes”, explica el fiscal antiextorsiones.
La pornografía infantil es otro delito que ocurre principalmente a través de las TIC. La fiscal de la Unidad de Género, Silvia Martínez, asegura que el victimario manipula a la víctima para que envíe fotos íntimas. Luego de que las obtiene, estas son compartidas en grupos de WhatsApp, Facebook y páginas web. La mayoría de los perpetradores recibe dinero a cambio de ese material multimedia.
De nuevo, sin embargo, la inexistencia de cifras especializadas sobre judicialización refuerza la idea de que el uso de tecnología en la ejecución de estos delitos no es congruente con la popularidad de tales herramientas en las diferentes facetas de la vida actual y con el crecimiento de su uso en el país.